lunes, 2 de noviembre de 2015

El modelo constitucional de las relaciones laborales



España es un Estado social de Derecho: los Derechos sociales aparecen en la Constitución no como declaración programática sino como derechos subjetivos. Existe una fuerte intervención del Tribunal Constitucional.

Tribunal Constitucional y Derecho laboral

- La Constitución como fuente del Derecho


La eficacia de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas reconocidas en la Constitución no es sólo frente a los poderes públicos sino también frente a las relaciones privadas (empleador, asociaciones empresariales, sindicatos).

La Constitución está en la cúspide de la jerarquía normativa y marca la pauta respecto de las otras fuentes (reserva de ley orgánica y de ley ordinaria, eficacia de los Tratados y Convenios internacionales, eficacia vinculante de los convenios colectivos, etc.).

- Desarrollo legislativo


+ Fuentes legales


La centralidad que adquiere el Parlamento en un Estado de derecho, basado en el principio de división de poderes, determina un fuerte reforzamiento del papel de la norma con rango de Ley formal dentro del conjunto del ordenamiento jurídico, de modo que el grueso de la normativa estatal en el ámbito de las relaciones laborales hoy en día lo es por medio de Leyes Orgánicas u Ordinarias.

. Leyes Orgánicas

Dos exclusivas materias laborales han de ser reguladas por medio de esta Ley: la libertad sindical y el derecho de huelga (por tener éstas carácter de derecho fundamental), y la libertad pública (por recogerse dentro de la Sección primera del Capítulo 2º del Título I de la Constitución). A pesar de ello solo la libertad sindical se regula por Ley Orgánica, ya que el derecho de huelga sigue regulándose mediante una norma preconstitucional.

. Leyes Ordinarias

En cuanto a la reserva de Ley ordinaria, ésta se produce por diversos canales. En primer lugar, la expresa reserva viene contemplada en el texto constitucional, como ocurre con el Estatuto de los Trabajadores, el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión, igualdad salarial por razón de sexo, etc. En segundo lugar, la atracción para sí por parte del Parlamento de su genérica capacidad normativa por vía ley, que le lleva a regular ciertas materias. En tercer lugar, reservas de ley prefiguradas por el propio Parlamento en el momento de regular determinadas materias.

. Delegación legislativa al Gobierno

Por lo que respecta al ejercicio de las facultades gubernamentales de aprobación de normas con rango formal de ley, se aplican las reglas comunes para todo el ordenamiento jurídico. Cabe indicar que el fuerte condicionamiento de la norma laboral a la coyuntura económica y el hecho de ser empleada como instrumento de política de empleo, determina un uso cada vez más extendido del instrumento del Decreto-Ley, al extremo de que muchas reformas del Estatuto de los Trabajadores se han producido a través de éste. El Gobierno también ha tenido que acudir en diversas ocasiones al uso del texto refundido como mecanismo para dar seguridad jurídica a normas que han sido fruto de reiteradas reformas parciales con el paso del tiempo.

. Concertación Social en el procedimiento legislativo

En cuanto al procedimiento de elaboración de las normas laborales, éstas se someten a las reglas comunes, con la única singularidad de que el Gobierno, previa remisión del proyecto de Ley al Parlamento o de aprobar los Reales Decretos Legislativos, debe consultar preceptivamente el parecer del Consejo Económico y Social.

+ Fuentes reglamentarias


Las disposiciones reglamentarias ocupan un lugar relativamente secundario en el actual sistema de fuentes laborales, al menos en el sentido de capacidad de fijación de un régimen jurídico novedoso y diferenciado respecto de lo ya previsto en la normativa legal e incluso de la convencional (artículo 3.2 del Estatuto de los Trabajadores). Aunque no siempre estas disposiciones tienen carácter secundario, por ejemplo, existen Reglamentos Autónomos que son disposiciones reglamentarias que abordan la regulación de una materia en su plenitud, sin previo establecimiento de parámetros generales por parte de norma con rango de Ley. Tal sucede respecto de los Reales Decretos reguladores de las relaciones laborales especiales.