jueves, 19 de noviembre de 2015

Contrato de trabajo vs arrendamiento de servicios: Sentencia 298/2000 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra



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Esta sentencia, fechada el 1 de septiembre del año 2000, aborda un caso sumamente interesante, donde la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra -TSJN- analiza si el limpiador de una comunidad de propietarios prestaba sus servicios en el seno de una relación laboral o no. La resolución sirve como ejemplo práctico para entender las diferencias entre la figura del arrendamiento de servicios y el contrato de trabajo.

Contrato de trabajo y Derecho laboral

- Análisis de la Sentencia 298/2000, del Tribunal Superior de Navarra


El señor Jesús A. G. vino prestando servicios de limpieza durante casi 4 años en una Comunidad de propietarios, de la que fue despedido, según se extrae de los hechos probados de la sentencia que provoca el recurso de suplicación.

Jesús A. G recurrió al Juzgado de lo Social núm. 3 de Navarra pidiendo que se declarara improcedente el despido, para tratar de conseguir su readmisión o una indemnización conforme a la ley. En primera instancia, el Juzgado antedicho estimó la excepción de incompetencia de jurisdicción formulada por la Comunidad de Propietarios -al entender que era una cuestión a dirimir en la jurisdicción civil, donde se abordan las vicisitudes en los arrendamientos de servicios-, por lo que se desestimó la demanda sin entrar a conocer los hechos de fondo. Tras esto, el demandante interpuso un recurso de suplicación.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra -el cual es competente en esta materia-, tomando en consideración los hechos probados y las bases doctrinales y jurisprudenciales sobre los elementos esenciales de toda relación laboral, estima el recurso y declara nula la sentencia que indebidamente apreció la excepción de incompetencia de la jurisdicción social, por los siguientes motivos:

El Tribunal cree que se dan las notas de dependencia (el recurrente no actúa autónomamente en la prestación del servicio, sino guiado por estrictas órdenes de la Comunidad, lo que parece contrario a la libertad inherente a un arrendamiento de servicio; libertad de la que carece la relación laboral); la retribución por unidad de tiempo (dando por buenos las 8 horas que regularmente trabajaba, y las pequeñas modificaciones que pudiese haber las incluye dentro del contrato de trabajo); la periodicidad ordinaria en el ámbito de la relación laboral; la ajenidad en la atribución de los frutos; la escasa cualificación profesional de los servicios contratados (prueba indiciaria para considerarlo contrato de trabajo y no arrendamiento), la no aportación de materiales por parte del recurrente (nota característica del arrendamiento de servicios, y que en este caso aportaba la Comunidad) y, por supuesto, la presunción de laboralidad que recoge el art. 8.1 del Estatuto de los Trabajadores (que no puede ser destruida por el hecho -traído a colación por la parte demandada- de que Jesús A. G. tuviese libertad para elegir a los familiares que le suplían en caso de enfermedad).

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Imagen: Limpiezas Juanlu

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Alberto Freire
Alberto Freire es graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.