sábado, 24 de octubre de 2015

El poder de dirección del empresario: concepto, fundamentos, contenido y límites



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Se podría definir el poder de dirección del empresario como aquellos poderes o facultades, emanados del contrato de trabajo y reconocidos legalmente, destinados a la organización general de la empresa y a la ordenación de las concretas prestaciones singulares, cuya titularidad ostenta el empresario y cuyo ejercicio puede ser delegado.

Empresario y Derecho laboral

A raíz de esto, hay que comentar que no todos los trabajadores quedan sometidos en la misma medida o con la misma intensidad al poder de dirección; depende del nivel de cualificación técnica o de las circunstancias de la prestación de servicios.

- Fundamentos para con el poder de dirección del empresario


+ Artículo 38 de la Constitución Española


La libertad de empresa que consagra el texto constitucional.

+ Artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores -ET-


A través de la mención explícita “(…) dentro del ámbito de organización y dirección del empresario”.

+ Artículo 5.c) del Estatuto de los Trabajadores


Cuando enuncia la obligación de “Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas”.

+ Artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores


Al afirmar “bajo la dirección del empresario o de la persona en quien delegue”.

+ Surge del Contrato de Trabajo


El trabajador compromete su prestación personal de trabajo pero no está facultado para decidir cómo ha de realizarla, qué medios va a utilizar ni qué resultados debe conseguir. Estas decisiones corresponden al ámbito de las facultades directivas del empresario, que ordena y dirige el contenido de la prestación laboral, coordinándola con el resto de trabajadores a su servicio.

- Contenido del poder de dirección del empresario


+ Facultad de dictar instrucciones generales sobre la organización y el funcionamiento de la empresa y sobre la prestación laboral en ésta; así como instrucciones particulares a un trabajador o grupo de trabajadores sobre el contenido/circunstancias de su trabajo (artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores).

+ Controlar el efectivo cumplimiento de esas instrucciones (art. 20.3 del ET). Consecuencia del incumplimiento: Poder disciplinario (facultad de imponer sanciones) (art. 58.1 del ET).

+ Poder de policía en la empresa, en la realización de registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio de la empresa y del de los demás trabajadores (art. 18 del ET).

+ Facultad de cierre del centro de trabajo en caso de notorio peligro de violencia o de daños, ocupación ilegal del centro de trabajo u otra irregularidad en el trabajo (art. 12.1 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo; norma aún vigente pese a ser una disposición preconstitucional, lo que es extraño en el ámbito del Derecho al Trabajo, cuyas normas suelen ser, eminentemente, de producción postconstitucional).

+ Ius variandi: Poder de modificar el contenido pactado de la prestación laboral del trabajador. Movilidad funcional, movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

- Límites del poder de dirección del empresario


+ No es un poder absoluto o arbitrario, sino limitado y reglado. Sólo se ejerce sobre el ámbito de la prestación laboral, sin que pueda referirse a la conducta extralaboral del trabajador, salvo en los casos en que tal conducta pueda repercutir negativamente sobre el correcto cumplimiento de la prestación laboral o pueda perjudicar los intereses de la empresa (el perjuicio para el empresario ha de quedar probado, en todo caso).

+ Respeto a los derechos del trabajador, garantizados por la ley incluso constitucionalmente: derecho al trato igual, con sanción de nulidad de los tratamientos discriminatorios; derecho al respeto de su dignidad personal; derecho al respeto de su intimidad; derecho al respeto de su libertad ideológica y religiosa. De no respetar estos derechos, el empresario lleva a cabo una actuación abusiva y, como tal, ilegítima, sancionable por el ordenamiento jurídico (ya veremos la contraposición entre el deber obediencia y el ius resistenciae, a continuación).

+ Las normas sobre realización de la prestación laboral, referidas a su contenido (determinado por la pertenencia del trabajador a un grupo profesional, art. 22 del ET), a su duración en el tiempo (limitación de la jornada de trabajo, interrupciones de la prestación, descansos o vacaciones), al lugar de trabajo o a las condiciones para garantizar la pertinente prevención de riesgos laborales.

+ La negociación colectiva, de manera creciente, regula supuestos que antes correspondían a la decisión unilateral del empresario.

+ Las instituciones de representación y participación de los trabajadores en la empresa: en algunos supuestos de toma de decisiones, sometido a un “periodo de consultas” con los representantes de los trabajadores (arts. 40, 41, 51, 82.3 del ET).

- Deber de obediencia / “ius resistentiae


+ Correlato del poder de dirección del empresario es el deber de obediencia del trabajador (art. 5, a) y c) del ET).

+ La desobediencia es causa de sanción empresarial (art. 54, 2, b) del ET).

+ La extralimitación del poder de dirección produce órdenes que son ilegales o abusivas; el art. 20.2 del Estatuto de los Trabajadores se refiere al deber del trabajador de someterse a las órdenes adoptadas por el empresario, “en el ejercicio regular de sus facultades de dirección”.

+ La jurisprudencia aplica el “solve et repete”, pero el trabajador puede negarse a cumplir las órdenes irregulares sin incurrir en desobediencia cuando el empresario actúe con manifiesta arbitrariedad y abuso de derecho. Estas excepciones al principio “solve et repete” son las situaciones que generan el “ius resistentiae”, de creación jurisprudencial, en el caso de:

. Órdenes que impliquen peligro para la salud y seguridad propia o de compañeros.

. Órdenes que impliquen un atentado contra la dignidad del trabajador.

. Órdenes que impliquen la realización de un delito o infracción administrativa.

. Órdenes manifiestamente ilegales.

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Imagen: Laboroteca

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura de “Derecho al Trabajo I”, que cursé en el Grado de Derecho (Universidad de Cádiz), impartida por la profesora Dulce Soriano.

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Alberto Freire
Alberto Freire es graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.