miércoles, 8 de abril de 2015

La libertad de expresión en la relación laboral



Partiendo del supuesto inventado citado abajo, vamos a analizar el derecho a la libertad de expresión en el seno de una relación laboral, teniendo en cuenta la existencia de la potestad disciplinaria perteneciente al empresario.

Libertad de expresion y relacion laboral

- Análisis del derecho a la libertad de expresión en la relación laboral: supuesto práctico (ficticio)


“Un trabajador es sancionado por una falta de disciplina en el trabajo por haber escrito una carta, a la que se adhieren otros trabajadores, en la que valora negativamente ciertos hechos ocurridos dentro del contexto laboral, críticas que se dirigen contra las dirección del establecimiento en su condición de tal. La empresa sancionó al trabajador por los hechos reseñados, calificándolos como falta grave”.

- Derecho a la libertad de expresión: artículo 20 de la Constitución y STC 160/2003


El derecho a la libertad de expresión, envuelto en este hipotético caso, se recoge en el artículo 20 de la Constitución Española, que dice: “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (…)”. La libertad de expresión “hace referencia a la libertad para comunicar pensamientos, ideas, opiniones por cualquier medio de difusión ya sea de carácter general o más restringido (pasquines...), aunque se garantice una especial protección en el primer caso” STC 160/2003.

- Libertad de expresión y potestad disciplinaria inherente a la actividad empresarial (art. 58 del Estatuto de Trabajadores)


Este derecho, consagrado en nuestra Constitución y en las leyes, colisiona –en cierto modo– con la potestad disciplinaria inherente a la actividad empresarial y que se reconoce en el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 58: “1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el Convenio Colectivo que sea aplicable…”.

+ Ponderación del posible límite y el derecho: conforme al principio pro libertate


Al realizar un análisis de una supuesta limitación de un derecho fundamental, como se da en este caso, la ponderación entre el posible límite y el derecho debe hacerse siempre desde la óptica del principio pro libertate, que grosso modo implica que los derechos fundamentales y las libertades públicas deben ser interpretados de la forma más favorable para su ejercicio.

- Doctrina jurisprudencial


La doctrina jurisprudencial estableció, respecto a este tipo de conflictos, lo siguiente: «El trabajador no queda despojado de ninguno de sus derechos fundamentales por el hecho de estar sujeto a un contrato de trabajo, de forma que la limitación de esos derechos, siempre teóricamente posible en la búsqueda del equilibrio entre los intereses empresariales y los derechos fundamentales del trabajador, debe estar caracterizada por los rasgos de razonabilidad, adecuación, idoneidad, imprescindibilidad, proporcionalidad y mínima afectación» STC 204/1997.

Obviamente, la libertad de expresión, podrá ser ejercida por cualquier persona. En modo alguno se priva a un trabajador de su libertad de expresión por estar sometido a tal relación laboral (STC 6/j981, de 16 de marzo). Eso sí, el ejercicio de la libertad de expresión puede verse restringido o matizado para determinados colectivos como funcionarios o fuerzas armadas (SSTC 241/1999; de 20 de diciembre; 102/2001, de 23 de abril) o como consecuencia de una relación laboral (SSTC 186/1996, de 25 de noviembre; 90/1999, de 26 de mayo).

En caso de conflicto deberá llevarse a cabo la correspondiente análisis de las circunstancias concurrentes, de forma tal que cada caso necesitará de un examen particularizado sin que quepa la aplicación automática de reglas generales,

Si examinamos la jurisprudencia pertinente, desde la perspectiva del reconocimiento o no del amparo al trabajador, podemos observar que existe una posición que podríamos calificar como fuertemente proteccionista respecto al ejercicio de este derecho. Siempre que no sea posible apreciar que el ejercicio de la libertad de expresión comprometa ningún interés del empresario, legítimo y acreditadamente imprescindible para el normal desenvolvimiento de la actividad productiva y, por ende, que hubiera causado el daño específico que se requiere en nuestra jurisprudencia para entender excedidos los límites del razonable ejercicio de la libertad de expresión, se dará amparo al trabajador sancionado, como se aprecia en la STC 6/1995, y que daría, a mi modo de ver, cobertura a los hechos sancionados en el supuesto planteado al principio del artículo.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.