martes, 13 de enero de 2015

Cuantía de las prestaciones económicas temporales y pensiones



Cuando se trata de prestaciones en especie (como las sanitarias o las ayudas no económicas a minusválidos o ancianos) sus caracteres y su nivel vienen establecidas por las normas de Seguridad Social y son uniformes para todos los sujetos protegidos ya que no es pensable una prestación sanitaria diferenciada, o una prestación recuperadora de la capacidad laboral de distinta calidad, para unos u otros sujetos protegidos.


- Las prestaciones económicas


Distinto es el caso de las prestaciones económicas. Ciertamente que la ley podría haber establecido la regla de que también las prestaciones económicas serán uniformes e iguales para todos los sujetos protegidos; así lo hace, en efecto, en lo que se refiere a las Prestaciones no Contributivas. Dado que éstas tratan de garantizar unos ingresos de subsistencia, las prestaciones son uniformes y de cuantía igual; o como mucho diferenciales si es que perciben algún ingreso. Se pretende que la prestación sirva para atender a la supervivencia mínima del beneficiario por lo que su cálculo se hace en función de lo que se considera que es la cantidad mínima que permitiría lograr esa subsistencia. Esta es una tarea que corresponde al legislador quien, con un amplio margen de maniobra establecerá periódicamente (de forma anual) la fijación y revalorización de las pensiones no contributivas, en el mismo porcentaje, como mínimo, que en la Ley de Presupuestos de cada año se establezca para las pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social.

Sin embargo, en el caso de las prestaciones contributivas el objetivo de proporcionar a quienes las reciben una renta de sustitución de los ingresos que venían percibiendo con anterioridad a la producción de la contingencia (como es el caso de las prestaciones de jubilación o por invalidez) ha hecho que la cuantía de las prestaciones económicas se establezcan en función, mas o menos aproximada, de esos ingresos anteriores del trabajador.

Ello se consigue tomando como referencia, para el cálculo de las prestaciones, las bases de cotización anteriores a la producción del hecho causante, bases que, como sabemos, es tan relacionadas con el salario que el trabajador percibe. De esta forma, también se logra una cierta relación entre lo que el trabajador ha cotizado a la Seguridad Social y lo que recibe de esta luego en forma de prestaciones. La forma habitual de cálculo de la cuantía inicial de las prestaciones económicas es la de aplicar un porcentaje (variable según el tipo de prestación y, en el caso de la jubilación, según el tiempo de cotización) a una base, llamada base reguladora. Esta base reguladora es el resultado de promediar las bases de cotización para los meses o años (según, una vez más, el tipo de prestación) anteriores al momento del hecho causante.

Ambas reglas (influencia del tiempo de cotización y de la cuantía de la misma en el nacimiento del derecho y en la cuantificación de la prestación económica) ponen de manifiesto lo que se ha denominado "principio contributivo", esto es, que el sujeto protegido recibe de la Seguridad Social en función de lo que ha "contribuido" económicamente (en tiempo y cuantía) a la misma. Este principio se aplica, desde luego en la Seguridad Social española, aunque con diferencias según las prestaciones y, en todo caso, con matizaciones importantes.

Correcciones al principio contributivo: las revalorizaciones, topes máximos y mínimos o el complemento a mínimos.

- Tope máximo a la cuantía de las pensiones


Se establece un tope máximo a la cuantía de las pensiones, de manera que quien tendría derecho, según las reglas de cálculo de la cuantía de las pensiones, a una de mayor entidad no podrá percibirla porque se verá reducida hasta ese tope máximo.

La Ley General de la Seguridad Social establece la figura del límite o tope máximo de las pensiones en el artículo 47 (momento inicial) y en el artículo 49 de la Ley General de la Seguridad Social (momento de aplicar la revalorización). Por lo que respecta al importe exacto de dicho límite o tope, se remite a lo que, en cada año, se disponga en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por tanto calculado el importe de la prestación de acuerdo con las reglas específicas de la pensión de que se trate se aplica el límite o tope máximo de pensiones de forma que el importe de cada pensión no puede superar el límite mensual que establezca anualmente la Ley de Presupuesto Generales del Estado (LPGE). Se establece de esta forma un correctivo al principio de contributividad pero se refuerza el principio de solidaridad, como vía de ahorro, por una parte y forma de redistribución de la renta, por otra.

En cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 47 de la Ley General de la Seguridad Social, en relación al artículo 41.1 Ley 2/2012, el importe inicial de las pensiones contributivas de la Seguridad Social –o el importe inicial de las pensiones contributivas de la Seguridad Social –o el de cualquier otra pensión pública, no podrá superar, durante el año 2012, la cantidad íntegra mensual de 2.522,89 euros por catorce pagas de modo que la cuantía no supere o pueda alcanzar, respectivamente, 35.320,46 euros en cómputo anual.

- Los complemento a mínimos, mecanismo de garantía de suficiencia de las pensiones


La misma quiebra del principio contributivo se encuentra en el establecimiento de los complementos a mínimos (variable según el tipo de pensión y según que se tenga o no cónyuge a cargo). Los denominados «complementos a mínimos» constituyen un mecanismo de garantía de suficiencia de las pensiones, que permite a los beneficiarios de pensiones contributivas del sistema de seguridad social devengar “los complementos necesarios” para alcanzar la cuantía mínima fijada para cada ejercicio presupuestario (artículo 50 de la Ley General de la Seguridad Social). Dichos complementos tienen legalmente naturaleza no contributiva y se financian directamente con cargo a los presupuestos del Estado, si bien sólo se aplican a las pensiones contributivas. Para la fijación de este complemento se tomará la pensión revalorizada que perciba el beneficiario, más la cuantía de otras pensiones si las hubiere, y en su caso, las rentas de trabajo y capital. Se trata, por consiguiente de una cantidad complementaria, diferencial y no consolidable.

El acceso a los mismos está sujeto a ciertas condiciones económicas, habida cuenta que su estricta finalidad es garantizar la suficiencia de los ingresos del beneficiario. De ahí que sea requisito esencial que el beneficiario de la pensión no perciba rentas de capital o trabajo personal o que, percibiéndolas, tales rentas no excedan de la cuantía que anualmente establezcan las leyes de presupuestos generales del Estado.

Estas condiciones han sido parcialmente revisadas por la Ley 27/2011. A partir de 1 de enero de 2013 el acceso a los complementos se condiciona a que el beneficiario no perciba rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales o que, si las percibiera, no excedan de la cuantía que para cada ejercicio fijen las leyes de presupuestos generales del Estado. Para las pensiones cuyo hecho causante se produzca a partir de esa misma fecha (no para las causadas con anterioridad) también se exige que el beneficiario resida “en territorio español” (apartado 2 de la DA 54ª de la Ley General de la Seguridad Social). Además con carácter general, el importe del complemento a mínimos no podrá superar la cuantía establecida en cada ejercicio para las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva.

Inicialmente los complementos se fijaban atendiendo en exclusiva al tipo de pensión, con el fin de garantizar un nivel de suficiencia económica para cada pensión, sin atender sus circunstancias familiares. Sin embargo, con posterioridad se ha dado entrada a otros factores de diferenciación de los mínimos, cuales son la edad del beneficiario, así como sus circunstancias matrimoniales y de renta.

De la combinación de esos cuatro factores (clase de pensión, edad del beneficiario y su circunstancia matrimonial –"cónyuge a cargo" o no– y de renta) se deriva el abigarrado cuadro tipológico de «cuantías mínimas de las pensiones contributivas» que se renueva en cada Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como en el correspondiente y anual desarrollo reglamentario.

El complemento no se devenga, cuando la suma de todas las percepciones del beneficiario (incluidos los ingresos de trabajo personal, por cuenta propia o ajena, las rentas de capital o cualquier otro ingreso sustitutivo) exceda de la cantidad que se fije a tales efectos para cada ejercicio presupuestario, una vez excluida la pensión que se vaya a complementar. Para el ejercicio de 2014 tal cantidad se fija en 7.080,73 euros al año.

Los complementos a mínimos no tienen carácter acumulativo ni consolidable, siendo absorbibles con cualquier incremento futuro de alguna de las rentas que se declaran incompatibles o excluyentes: ingresos de trabajo personal, por cuenta propia o ajena, rentas de capital o cualquier otro ingreso.

- Revalorización de las pensiones


Por revalorización de pensiones debe entenderse el incremento anual que sobre las mismas se produce, por Ley, para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, conforme exige el art. 41 de la Constitución (suficiencia). Así las prestaciones económicas de la Seguridad Social, una vez causadas, no mantienen su cuantía de forma indefinida. El objetivo era evitar el impacto de la inflación que provocaría una reducción de capacidad adquisitiva y de su valor real. Por esta razón se establecían reglas que vinculaban esta institución al IPC, de forma que a comienzos de cada año se efectuaba la misma en función del IPC previsto. Actualmente la revalorización de desconecta del IPC y de conformidad con las previsiones contenidas en el art. 7 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 se establece una revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social para dicho ejercicio del 0,25 por ciento, incluido el límite máximo de percepción de pensiones públicas. Igualmente, se fija una revalorización del 0,25 por ciento de las cuantías mínimas de las pensiones no contributivas así como de las pensiones no concurrentes del extinguido SOVI.