domingo, 4 de enero de 2015

Colaboración de entidades privadas en la gestión de la Seguridad Social



A pesar de que, por mandato constitucional, la gestión de la seguridad social debe ser pública, en algunos casos se permite, e incluso se impone, la colaboración de entidades privadas. La colaboración más significativa es la que llevan a cabo las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social. También, en algunos casos, se permite o se obliga a la colaboración de los propios empresarios que dan empleo a los trabajadores asalariados afiliados al sistema.

Empleo y Seguridad Social

- Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social


El régimen jurídico de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social (en adelante, Mutuas) se regula en los arts. 68 al 75 LGSS y en el Reglamento de Colaboración de las Mutuas (RD 1993/1995, que se abreviará como RCM).

Las Mutuas son asociaciones de empresarios debidamente autorizadas por el Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social que se pueden constituir con la finalidad principal de colaborar en la gestión de la Seguridad Social en los términos establecidos por la normativa correspondiente, sin que puedan tener ánimo de lucro (art. 68 LGSS, art. 2 RD 1993/1995).

+ Competencias vinculadas a la actividad de las mutuas


La actividad de las Mutuas se vincula fundamentalmente (en el Régimen General) a las siguientes competencias: [art. 68.2 LGSS, art. 2.1 RCM]:

. Cobertura de las situaciones de necesidad producidas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de trabajadores empleados por los empresarios asociados. Esta protección se refiere a las prestaciones de asistencia sanitaria, incapacidad temporal, incapacidad permanente, muerte y supervivencia.

. Cobertura de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes de los trabajadores empleados por empresarios que hayan concertado con la Mutua las contingencias profesionales y que opten por cubrir también estas contingencias a través de una entidad colaboradora.

. Actividades vinculadas a la prevención de riesgos laborales (Vid. Art. 13 RCM).

Para constituirse, las Mutuas deben reunir un mínimo de 50 empresarios y 30.000 trabajadores y prestar fianza suficiente para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones (art. 69 LGSS y 9 RCM). Una vez constituidas, deben limitar su actividad a las competencias previstas por la normativa. Asimismo, su actividad se ve sometida a la tutela y el control del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social (arts. 71 y 72 LGSS).

Por otra parte, como se ha indicado anteriormente, las Mutuas no pueden tener ánimo de lucro (Cfr. art. 5 RCM); esto implica, entre otras consecuencias, que no pueden repartir los eventuales excedentes obtenidos por su gestión entre los empresarios asociados. De acuerdo con el art. 73 LGSS y 66 RCM, los resultados económicos positivos deben afectarse a la dotación de reservas reglamentarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, así como a las actividades de prevención y de rehabilitación. Las Mutuas se financian fundamentalmente a través de las cotizaciones por contingencias profesionales de sus empresarios asociados, percibiendo asimismo una fracción de la cuota por contingencias comunes de los empresarios que hayan concertado con ellas la gestión de la prestación económica de incapacitación temporal. El patrimonio de la Mutua derivado de las cuotas se considera perteneciente a la Seguridad Social (art. 3 RCM) y no puede repartirse entre los empresarios asociados si la entidad se disuelve.

+ Vínculo entre empresarios y Mutua: el documento de asociación


El vínculo entre los empresarios y la Mutua se formaliza a través de un instrumento denominado “documento de asociación”. Las Mutuas no pueden rechazar ninguna proposición de asociación que se les plantee (art. 70.3 LGSS); tampoco pueden resolver el convenio de asociación por falta de pago del empresario. Los empleadores deberán proteger a través de la misma entidad a todos los trabajadores que presten sus servicios en una misma provincia (art. 70.2 LGSS). En la actualidad, la inmensa mayoría de los empresarios tienen cubiertas a través de una Mutua al menos las contingencias profesionales (y es muy frecuente que también se gestione a través de la Mutua el pago de la prestación de IT por contingencias comunes).

- La colaboración de las empresas en la gestión de la Seguridad Social


El art. 77 LGSS permite a las empresas colaborar voluntariamente en determinados aspectos de la gestión de la seguridad social. Esta posibilidad se desarrolla en la Orden Ministerial de 25-11-1966 (en adelante, OM 66). Al contrario de lo que sucede con la participación de las Mutuas, estas formas de colaboración de las empresas no son demasiado frecuentes.

+ Colaboración voluntaria de empresas: dos aspectos


La colaboración voluntaria de las empresas puede referirse a dos aspectos: la gestión de determinadas contingencias profesionales, o bien a la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes. La gestión de las contingencias profesionales [art. 77.1 a) LGSS] abarca la prestación económica de incapacitación temporal, la prestación de asistencia sanitaria y las prestaciones de recuperación y rehabilitación derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. El empresario deberá tener un número mínimo de 250 trabajadores (como regla general) y disponer de instalaciones sanitarias adecuadas (art. 4. OM 66). A cambio de proporcionar por sí mismos estas prestaciones, podrán retener para sí las cuotas correspondientes a contingencias profesionales (art. 6), pagando en todo caso una contribución destinada a sufragar los gastos generales de la seguridad social. Los eventuales excedentes obtenidos por esta gestión empresarial de las contingencias profesionales deberían destinarse a una reserva que sirva para para atender a los posibles resultados negativos que pudieran producirse en el futuro.

En cuanto a la gestión de la prestación económica de incapacitación temporal por contingencias comunes [art. 77.1 d) LGSS], la participación que puede asumir la empresa se concreta en el pago de esta prestación a su exclusivo cargo, a cambio de una reducción de las cuotas de seguridad social por contingencias comunes (aplicándose un determinado coeficiente reductor). En este caso, puesto que la colaboración de la empresa no exige una infraestructura determinada, no se exigen requisitos específicos.

Por su parte, la colaboración obligatoria de las empresas en la gestión de la seguridad social se concreta en el pago delegado de determinadas prestaciones de manera automática al trabajador (art. 16 OM 66). El pago delegado se aplica a la prestación de incapacidad temporal, ya sea por contingencias comunes o profesionales, así como a la prestación por desempleo parcial (es decir, la que cubre la disminución de ingresos derivada de una reducción de jornada por motivos empresariales).

El pago delegado consiste en que el empresario abona directamente al trabajador el importe de la prestación incluso en los casos en los que la responsabilidad del pago corresponde a la entidad gestora o a la Mutua; posteriormente podrá repetir las cantidades a la entidad responsable. Se trata, por tanto, de un “adelanto” del pago de la prestación, concebido para evitar los costes de tiempo y de dinero que implicaría recurrir a la estructura burocrática de las entidades gestoras, aprovechando la circunstancia de que el empresario tiene una relación con el trabajador y le abona periódicamente su salario; así pues, el empresario se limitará a incluir en la nómina del trabajador la prestación correspondiente. El modo normal de reintegro de las cantidades pagadas es la deducción de las cuotas de seguridad social del mismo mes en el que se produce el pago delegado (artículo 20 OM 66).

En materia de incapacitación temporal por contingencias profesionales, el pago delegado comienza, como la prestación de seguridad social, desde el día siguiente al de la baja. En cambio, en caso de incapacitación temporal por contingencias comunes, el pago delegado se produce a partir del día 16 en adelante de la baja médica, pero esto es porque, como se verá en el tema correspondiente, la responsabilidad final del pago durante los primeros días de la prestación corresponde únicamente al propio empresario. Por otra parte, la obligación de pago delegado cesará el último día del mes en el que la entidad gestora haya declarado una prórroga de la prestación de incapacidad temporal o el inicio de un expediente de incapacidad permanente (artículo 2.1. RD 1430/2009).

Las empresas de menos de 10 trabajadores que hayan estado soportando el pago delegado durante un período superior a 6 meses podrán solicitar la exención de esta obligación, para evitar que esta les produzca excesivas cargas burocráticas (artículo 16.2 OM 66).