viernes, 1 de noviembre de 2013

Despido del trabajador. Generalidades



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A continuación veremos brevemente cuáles son los requisitos que debe cumplir todo empresario en caso de despido a un trabajador. Recuerda que como recomendación, si no estás de acuerdo con alguna notificación de tu empresa, firma no conforme, lo importante es que firmes y obviamente pide una copia del documento con la notificación pertinente.

Despido del trabajador y Derecho laboral

Cada vez que se lleva a cabo un despido disciplinario (también llamado objetivo), viene acompañado de la respectiva carta de despido, la cual debe señalar los motivos y hechos de forma concreta clara que se aducen para dar por terminada la relación laboral existente entre el trabajador y el empresario. Asimismo, estos hechos que se aducen en la carta de despido, deben encontrarse plenamente acreditados, ya que si esto no se cumple, el trabajador quedará en estado de indefensión pues desconocerá las razones por las cuales fue despedido.

Ante la carencia de los requisitos exigidos en la carta de despido, tenemos como consecuencia que el despido sea declarado como improcedente por los tribunales y por ende, el trabajador tendrá mayor posibilidad de recibir la indemnización correspondiente.

También, y de forma simultánea con la entrega de la carta de despido, el empresario está bajo la obligación de otorgar al trabajador la indemnización que le corresponde, ya sea en efectivo, cheque o a través de un ingreso previo. Como solía ocurrir con anterioridad, la carencia de este requisito hace que el despido se convierta automáticamente en improcedente.

- Opciones del trabajador ante despido


Ahora miremos las opciones del trabajador ante el despido:

A. El trabajador manifiesta su aceptación a la decisión adoptada por la empresa y no efectúa la demanda a que haya lugar, en este caso puede cobrar la indemnización correspondiente incluyendo la parte que deberá abonar el FOGASA además del finiquito.

B. El trabajador realiza la demanda correspondiente. Cuenta con un plazo de 20 días hábiles que se cuentan desde el siguiente día a la fecha de despido, la motivación de la demanda tendrá su fundamento en la inobservancia del empresario de los requisitos legalmente establecidos para que el despido proceda.

Al tomar esta segunda opción, o sea, cuando el trabajador decide acudir a la jurisdicción social e interponer la demanda correspondiente, éste tiene la opción o la posibilidad de cobrar el finiquito y también la indemnización correspondiente, sin embargo, para aquellas empresas con una cifra inferior a 25 trabajadores, deberán abonar una parte de la indemnización al Fondo de Garantía Salarial, la cual no puede reclamarse en caso de que decida optar por realizar la demanda.

- Razones fundamento de despido


Las razones o motivos fundamentales sobre los cuales se fundamentan las demandas por despidos son los siguientes:

A. Ausencia de los requisitos legales obligatorios al realizar la entrega de la carta de despido, pues no son suficientes ni adecuadas las causas o razones que motivan el despido, en otras palabras, son falsos de forma manifiesta.

B. Cuando al momento del despido, el empresario no pone a disposición del trabajador la indemnización correspondiente.

- Requisito previo a la demanda


Antes de interponer la demanda correspondiente, es requisito previo que las partes hayan intentado conciliar ante el servicio administrativo que corresponda o en su defecto, ante los órganos que asuman dicha competencia. El fin de este requisito es, en primer lugar, es ayudar a la jurisdicción social con la excesiva carga de trabajo y al mismo tiempo, tratar de que las partes puedan llegar a un acuerdo por si mismas. Bajo este procedimiento, el empresario puede analizar y comprobar los motivos que el trabajador alega para incoar la solicitud de indemnización y de acuerdo a ellos, ofrecer un acuerdo favorable para ambas partes.

Es importante tener en cuenta, en lo relativo a la papeleta de conciliación por despido, se admiten todos los modelos que reúnan las características que se encuentran establecidas en el Real Decreto 2756 de 1979, al igual que en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.