viernes, 22 de marzo de 2013

La negociación colectiva en las Administraciones Públicas



La negociación colectiva despliega todas sus funciones en el ámbito de las empresas privadas, en las que las decisiones de los actores se adoptan atendiendo principalmente a las indicaciones y expectativas de los mercados. Las Administraciones Públicas no se rigen por el criterio de rentabilidad económica y por tanto tradicionalmente no han contado con procedimientos de negociación colectiva, sino más bien con actos de autoridad directamente inspirados en el interés general. Sin embargo, a partir de los años 70 y 80 la negociación colectiva, con ciertas adaptaciones, se ha ido extendiendo paulatinamente a las Administraciones Públicas.

Cabe distinguir, dentro de la negociación colectiva en las Administraciones Públicas, entre dos supuestos:

• Trabajadores de régimen laboral al servicio de la Administración. Sus convenios colectivos se rigen por la legislación común, con algunas especialidades previstas en el Estatuto del Empleado Público (EEP) y concretadas en las Leyes de presupuestos generales del Estado (LPE). Así, el EEP prevé la fijación en LPE del incremento de la masa salarial del personal laboral para cada ejercicio presupuestario, prohibiendo la superación de los topes establecidos. Para el control preventivo de esto, las LPE exigen que los convenios colectivos reciban informe favorable conjunto de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas (requisito de validez).

• Funcionarios públicos y personal de régimen estatutario. Tienen un sistema de negociación colectiva totalmente diferente, cuyas peculiaridades son, entre otras: predeterminación de unidades apropiadas de negociación (mesa general y mesas sectoriales), delimitación por vía enumerativa de las materias incluidas y excluidas de negociación, exigencia de aprobación expresa y formal de los acuerdos por parte de los órganos de gobierno de las Administraciones cuando versen sobre materias de la competencia de éstos, y la previsión de reglas particulares para la elaboración y tramitación de los acuerdos y pactos alcanzados.