viernes, 22 de marzo de 2013

El cierre patronal: causas, procedimiento y consecuencias



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El derecho al cierre patronal se entiende incluido en el artículo 37.2 de la Constitución, por lo que no tiene la consideración de derecho fundamental y no está protegido por el sistema más reforzado que tienen tales derechos. Así pues, observamos que empresarios y trabajadores no están en el mismo plano en lo relativo a las medidas de conflicto colectivo.

Cierra patronal y Derecho laboral

- Causas lícitas de cierre patronal


El único cierre patronal que se permite es el cierre defensivo. Las causas lícitas para utilizar dicho cierre patronal son las siguientes:

+ Existencia de notorio peligro de violencia para las personas o de daños graves para las cosas


En este caso, el cierre patronal tendrá carácter preventivo y se ejercitará sólo cuando se hayan agotado todas las otras vías de mantenimiento del orden (poder disciplinario de la empresa, vías ordinarias, etc.).

+ Ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, o peligro cierto de que ésta se produzca


Ya dijimos que había ocupación ilegal cuando existía ingreso ilegal en los locales o ilegal negativa a desalojar frente a una orden legítima de hacerlo. La mera permanencia de los trabajadores en el centro de trabajo, no dándose ninguno de estos supuestos, es, por tanto, legítima.

+ Cuando el volumen de la inasistencia o irregularidades en el trabajo impidan gravemente el proceso normal de producción


Esta causa habrá de interpretarse de manera restrictiva, aplicándose a los casos en que no todos los trabajadores están en huelga, pero los que lo están tienen un peso tal en la empresa que ésta no puede mantener la actividad para los restantes.

- Procedimiento y consecuencias del cierre patronal


El cierre patronal supone generalmente el cierre del centro de trabajo, pero también puede suponer el cierre de la empresa en su conjunto o de una colectividad de empresas, siempre que la causa lícita de cierre esté presente en todas ellas. Si para preservar los bienes amenazados es suficiente con cerrar un ámbito inferior al centro de trabajo, así se hará.

El cierre patronal habrá de comunicarse a la autoridad laboral en el término de 12 horas desde su adopción. El cierre patronal se limita al tiempo indispensable para asegurar la reanudación de la actividad de la empresa o para la remoción de las causas que lo motivaron; tras ese tiempo, el centro de trabajo deberá reabrirse.

Los efectos del cierre patronal son similares a los previstos para la huelga, pues se suspenderá el contrato de trabajo, lo que conlleva suspensión del trabajo y del salario y situación de “alta especial” en el sistema de Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización salvo pacto en contrario, en el que el trabajador tampoco podrá devengar prestaciones de desempleo ni subsidios de incapacidad laboral transitoria como consecuencia del cierre.

En caso de que el cierre sea ilegal, el trabajador conservará el derecho al salario por los días correspondientes, así como al ingreso de las oportunas cotizaciones de la Seguridad Social. Independientemente de su calificación como legal o no, los días que falta el trabajador al trabajo no serán computados como ausencias a efectos de vacaciones, no podrán catalogarse como faltas al trabajo a ningún efecto, y se asimilan a tiempo cotizado a efectos de alcanzar el período mínimo de 180 días exigido por la ley para devengar prestaciones de desempleo.

El cierre ilegal, o el cierre legal en el que se realizan conductas ilícitas, supondrán las pertinentes sanciones y responsabilidad patrimonial. En concreto, la negativa a la reapertura del centro de trabajo previo requerimiento de la autoridad laboral, una vez desaparecidas las circunstancias que lo legitimaron, constituye infracción muy grave, acreedora de las correspondientes sanciones administrativas. Las coacciones o amenazas para iniciar o mantener el cierre, o la paralización de la actividad empresarial con fines de alteración de la seguridad y el orden público, pueden constituir delito.